Esta entrada esta copiada Literalmente del Blog de Fernando Mikelarena.
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domingo, 23 de septiembre de 2018
NUEVAS PRUEBAS SOBRE EL CARÁCTER IDEOLÓGICO DEL CRIMEN DE GAZTELU Y SOBRE LA PROBIDAD DE TOMÁS ALCAINE EXPÓSITO.
A causa de diversas razones que ya hemos apuntado en nuestros libros, la
gestión de la limpieza política registrada en Navarra en 1936-1937
tanto desde el plano institucional como desde los planos memorialístico e
historiográfico se ha caracterizado en gran medida, y salvo algunas
excepciones, por la extensión de la omertá, de la ley del silencio, en
cuanto a las formas como se desarrolló y en cuanto a sus agentes.
De forma llamativa, esa omertá solamente se ha predicado en relación con
los bárbaros asesinatos de Juana Josefa Goñi Sagardía y de sus seis
hijos en Gaztelu a finales de agosto de 1936 tras haber sido expulsados
del lugar quince días antes por la mayoría de los vecinos. Unos
asesinatos ciertamente icónicos tras recuperarse finalmente sus restos
por un equipo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi en octubre de 2016 en
la sima de Legarrea a donde los cadáveres fueron arrojados, y
evidenciarse así la verosimilitud de los rumores difundidos desde el
mismo momento de los hechos. Desde siempre, pero sobre todo en las
últimas décadas, ese crimen había ejemplificado la vigencia de un código
de silencio en el seno de una comunidad pequeña, de un centenar de
habitantes tan solo, hasta el punto de aparecer como el culmen del
horror de la violencia en la retaguardia de la guerra en el interior de
Navarra. En nuestro último libro (Muertes Oscuras. Contrabandistas,
Redes de Evasión y Asesinatos Políticos en el País del Bidasoa 1936,
publicado en 2017) aportamos suficientes informaciones sobre el
trasfondo de dicha omertá en relación con dicho crimen. Siendo su raíz
ideológico-política a causa de las relaciones familiares y sociales de
Pedro Sagardía con los republicanos y ugetistas de la zona y pudiendo
insertarse en la cadena de asesinatos políticos, y de otros
acontecimientos de naturaleza represiva, que tuvieron lugar en la zona
aquellos mismos meses, así como meses después, el aparente misterio del
mismo tendría que ver con el afán de ocultamiento de sus responsables
últimos en un escenario muy complejo en el que, por la existencia de
redes de contrabando importante que alimentaban redes de evasión y de
otros géneros, se entrecruzaban intereses variados. La investigación que
durante años hice del mismo acredita que las informaciones del sumario
que se incoó sobre el mismo, una fuente ciertamente amañada, debían de
ser forzosamente complementadas por el repaso exhaustivo en archivos de
todo tipo ya que los relatos de los testigos o inculpados presentes en
él, así como la actitud de los jueces y abogados, están afectados por
sesgos ligados al afán de encubrimiento y a las dobles intenciones. Tal y
como dice Kalyvas, el máximo experto en la violencia política en la
retaguardia de las guerras civiles, en asuntos como el referido el
investigador no puede limitarse a las informaciones del sumario sin
profundizar en sus limitaciones ni en las razones de estas y sin
complementarlas con todos los datos relativos a la persecución de
desafectos en el entorno y a la personalidad de los perseguidores y de
los inductores. Semejantes crímenes no pueden ser interpretados
solamente como resultado: hay que verlos como proceso. Menos todavía se
pueden contemplar como resultado de una locura colectiva ya que entonces
se les despoja “de todo significado que vaya más allá de su finalidad”,
se contemplan solamente los efectos y no las causas, sólo se constata
condena en vez de explicación.
No obstante, a pesar de los indicios acumulados en nuestra
investigación, una nueva omertá se ha añadido a la tradicional en los
últimos tiempos, sin que puedan vislumbrase adecuadamente las razones. A
pesar de los muchos miles de euros gastados por el Gobierno de Navarra
en su programa de exhumaciones en el rescate de los restos de Juana
Josefa Goñi y de sus hijos, estos están ausentes en el listado oficial
de víctimas de la limpieza política registrada en Navarra, cuando
estaban presentes en los listados no oficiales anteriores. A fecha de
principios de septiembre de 2018 siguen sin figurar en la Base de Datos
del Fondo Documental de la Memoria Histórica en Navarra, elaborado por
investigadores del Departamento de Geografía e Historia de la UPNA. Lo
más curioso es que hace algunos años estaban ciertamente presentes en
esa base de datos. Con lo que están excluídas del estatus de víctimas de
la brutal limpieza política impulsada por requetés, falangistas y
autoridades militares en 1936-1937 y que se llevó por delante en nuestra
tierra a más de tres millares de simpatizantes de fuerzas opuestas a
ellos, esencialmente izquierdistas.
En los últimos meses he recogido más pruebas en apoyo de mi lectura del
asunto: la más contundente el homenaje que se le hizo a Tomás Alcaine en
Lesaka en 1932 como ejemplo de militancia republicana en un pueblo
pequeño de la Montaña y que recogió la prensa. El periódico republicano
Democracia publicaba un reportaje el 7 de junio de 1932 sobre la
inauguración de un centro republicano en Lesaka. Asistieron comisiones
de Bera, Etxalar, “de Elizondo, de Santesteban, de Legasa” y también de
Irún, Hondarribia, Lezo, Pasaia, Rentería y San Sebastián. Intervino
entre otros Nicolás Guerendiain, el que sería alcalde de Irun durante la
República y posteriormente fusilado en 1936, y Ramón Bengaray, cabeza
de lista del Frente Popular Navarro en las elecciones de febrero de 1936
y también asesinado en agosto de aquel año. Se decía que “como detalle
bien elocuente de que las ideas republicanas se van abriendo paso a
marchas forzadas por la región montañesa, debemos consignar que de
pueblo tan distante como Legasa (valle de Bertizarana) acudieron dos
ancianos, los señores Segundo Leiva y Tomás Alcaine, septuagenarios
ambos, pero con un entusiasmo y un fervor republicano, verdaderamente
aleccionadores y confortadores”. Con anterioridad, el 24 de mayo de 1932
el mismo periódico publicaría otra prueba del ideario de Alcaine al
figurar, donando una peseta, en la suscripción pro víctimas de los
sucesos del 17 de abril de aquel año que, como se recordará, fueron
resultado de las provocaciones de los jóvenes carlistas, saldándose con
que se saldaron con la muerte por disparos de pistola de Saturnino
Bandrés, de 22 años, afiliado al PSOE y a la UGT, empleado de El
Secretariado Navarro; de Julián Velasco Arzabala, de 18 años y también
ugetista; y de José Luis Pérez Lozano, jaimista, también de 18 años.
Asimismo resultaron heridas graves otras personas como Andrés Munárriz,
Eusebio Lazcano y Ezequiel Soto, este por una paliza porque le
confundieron con el autor de los disparos. el asesinato de dos
izquierdistas y de un jaimista. Junto con Alcaine, también aparecían en
la lista un republicano radical socialista de Santesteban y un un
republicano a secas de la misma localidad, ambos con tres pesetas. En
otras listas de donantes constaban nombres de personas que también
serían fusiladas en 1936.
El papel de Alcaine fue fundamental a la hora de la activación del
sumario por el crimen de Gaztelu, el único sumario incoado por
desapariciones sucedidas en aquellos años. En septiembre de 1937 Pedro
Sagardía comunicó al Juzgado de Primera Instrucción de Pamplona que un
amigo suyo, albañil y residente en Pamplona, llamado Mariano Rodríguez,
le había dicho que el citado Alcaine le había dicho que la familia
Sagardía «estaba echada el año pasado por gente de Gaztelu a la sima
llamada de Legarrea, a la que la habían aproximado por medio de amenaza
de fuego por detrás». Estas afirmaciones habrían sido repetidas ante
Santiago Elizalde, dueño de una tienda en la calle Campana de Pamplona, y
habrían sido corroboradas por el tal Elizalde ante el mismo Pedro
Sagardía. También habían sido testigos de aquellas palabras otros
vecinos de Legasa.
Rodriguez Zubiría y Alcaine refrendarían sus testimonios ante el juez.
Alcaine señalaría que «se decía por el pueblo de Legasa que la mujer y
los hijos habían sido arrojados a la sima de Legarrea a la que les
habían llevado empujándoles con fuego». Otros vecinos de Legasa
apuntarían en la misma dirección, así como la hermana del viudo,
residente en Oitz.
Las aportaciones concertadas de Mariano Rodríguez Zubiría y de Tomás
Alcaine iban más allá de la denuncia original realizada por Pedro
Sagardía en agosto de 1937. Esta hablaba de la expulsión y de la
desaparición de sus familiares, insinuando su asesinato. Aquellas se
hacían eco del carácter generalizado de los rumores y ponían ya el foco
en la sima a la que la mujer de aquel y sus hijos habrían sido
arrojados, obviamente después de ser asesinados.
Tal y como comentamos en el libro Muertes Oscuras las declaraciones de
Rodriguez Zubiría y de Alcaine estaban ligadas con su posicionamiento
político. El de Alcaine ya ha quedado reseñado. En cuanto a Mariano
Rodríguez Zubiría, nacido en la localidad de Eltzaburu en el valle de
Ultzama, con 54 años en el padrón de Pamplona de 1940 y de profesión
albañil, vivía efectivamente en 1937 en la capital, en el número 3 de la
calle Eslava para mayor concreción. Pero su mujer era Guadalupe Vera
Jaunarena, precisamente la hermana de la esposa de Miguel Taberna
Crespo, uno de los principales republicanos doneztebarras, junto con su
hermano Liborio, de cuyo compromiso político ya hablamos en el citado
libro. Rodríguez Zubiría y su familia residieron ininterrumpidamente en
Doneztebe hasta 1935. En las elecciones municipales de abril de 1933
Rodríguez Zubiría recibió cuatro votos, al igual que otros republicanos y
ugetistas que no formaban parte de la candidatura izquierdista, por lo
que se puede pensar que estaba alineado con ese sector ideológico del
pueblo. Mariano Rodríguez, al igual que su mujer, eran perfectos
conocedores desde el primer momento de los rumores en torno al destino
de Juana Josefa Goñi y de sus hijos por cuanto su cuñado Miguel Taberna
Crespo era el dueño de la casa en la que vivían en Gaztelu el matrimonio
Sagardía-Goñi.
Según los libros de la Inclusa Tomás Alcaine nació el 20 de abril de
1856 en aquella institución y fue dado para criar a una nodriza de
Saldías. Aparece residiendo en Legasa al menos desde el padrón de 1880,
casado con la zubietarra Catalina Urriza Saldías, mudando de domicilio a
lo largo del tiempo, tal y como era habitual entre los maisterrak o
arrendatarios. De oficio tejedor, en 1935 residía en la casa situada en
la calle Santa Catalina 34 junto con su esposa y sus cuatro hijos
solteros y un nieto.
Hay motivos para pensar que Tomás Alcaine y Pedro Sagardia compartían la
categoría antropológica de «xelebre», concepto acuñado por Julio Caro
Baroja para aquellas personas del mundo rural vasco sostenedoras de
posiciones heterodoxas respecto a temas como la religión, la política o
la costumbre desde una perspectiva irónica, sujetos aficionados a
cultivar la paradoja y a propagar ocurrencias y comentarios opuestos a
la moral tradicional. Tomás Alcaine tuvo varios incidentes entre 1913 y
1916 con el alcalde de Legasa, Eusebio Babace Urrestarazu. En 1913 este
le acusó, sin éxito, de la explosión de un cartucho de dinamita enfrente
de su casa porque le había visto por las inmediaciones «en actitud poco
tranquila» y «gritando Viva la bandera española» junto con otros dos,
Francisco Antonio Mendiola y Antonio Hualde, y porque los tres habían
sido multados hacía poco por infringir las ordenanzas o por blasfemar.
En 1916 Alcaine había sido condenado a vivir desterrado a más de
veinticinco kilómetros del pueblo durante varios meses en un proceso por
injurias, en el que también había intervenido el bertsolari Txirrita
con unos bertsos que se imprimieron y circularon por la zona y en el que
el denunciante había sido el mismo Eusebio Babace, todavía alcalde de
Legasa, tal y como ha señalado Mikel Taberna en un artículo reciente en
la revista Bertsolari, indicando asimismo comentarios sobre el
republicanismo de Alcaine. De forma llamativa, Tomás Alcaine iría a
residir en Pamplona por efecto de aquella condena de 1916 justamente en
el domicilio en el que más de dos décadas después entraría a vivir Pedro
Sagardía. El domicilio radicado en Santo Andía 12, en el que se
integraría Alcaine, estaba formado por Gregorio Prat Martínez (nacido en
Cadreita, 56 años en 1917), su mujer Amelia Suescun Rodríguez (nacida
en Larraga, 52 años) y sus hijos Rufino, Manuel y Alejandro Prat Suescun
de diecisiete, seis y tres. Era el mismo (solo que con el cambio de
nombre de la calle hecho en 1936-1937, que unía bajo el nombre de
Recoletas, las calles de Santo Andía, Virgen de la O y Recoletas, y
adecuado a la nueva numeración) que acogería a Pedro Sagardía y que,
como se recordará, se componía del último de los hijos mencionados con
su mujer, su madre, varios hijos y algunos huéspedes. De esa
circunstancia se desprende la amistad previa de Alcaine con Sagardía, y
también se infiere la existencia de pautas comunes entre ambos como el
que compartieran elementos arquetípicos de aquel referido carácter de
«xelebre», o como su querencia por el ámbito urbano pamplonés, y más en
concreto de su parte vieja, a la hora de elegir ámbito de
transterramiento.
Antes de concluir, creo necesario referir que Tomás Alcaine residía en
la siguiente casa de la calle Santa Catalina en la que vivían los
Miquelarena Inda, familiares del que suscribe estas líneas (aquel, como
ha quedado dicho en el número 34, y estos últimos en el número 32).
Estaban fuertemente ligados con la potentísima red de contrabandistas de
Agustín Arrieta a través de Fernando Inda Irigoyen, hermano de la madre
de los Miquelarena Inda y uno de los contados vecinos de Gaztelu que no
participó en la expulsión de Juana Josefa Goñi y de sus hijos y que
sería detenido en noviembre de 1936 junto con Timoteo Plaza, el
principal responsable de la posteriormente conocida como red Alava y
que, en rigor, había empezado a funcionar desde las semanas posteriores
al golpe de estado. Por otra parte, pueden advertirse ecos de la actitud
de Alcaine en las posturas de denuncia que una miembro de la citada
familia, María Luz Miquelarena Inda, protagonizaría en contra de los
agentes represores requetés del valle de Bertizarana, tanto en 1937 y
1938 como años más tarde, en 1952, y que le llevarían a pleitear en los
tribunales pamploneses e incluso en el Tribunal Supremo, tal y como
narramos en el libro mencionado. Los procesos referidos incoados a
partir de denuncias de María Luz Miquelarena, y en los cuales contó con
el apoyo de gente de mucho peso político en Bertizarana e involucrada en
redes de contrabando importantes como el beratarra afincado en Narbarte
Modesto Liquiniano, constituyen una excepción en el contexto de la
época , tanto por las causas como por el contexto en el que se
situaron.
Regresando a Tomás Alcaine, resulta humillante que los esfuerzos de
aquellos republicanos y ugetistas de la Montaña cantábrica,
numéricamente marginales, para esclarecer aquellos bárbaros asesinatos
de Juana Josefa Goñi y de sus hijos (así como otros acaecidos en la
zona), y que son una prueba de la probidad del comportamiento de
aquellos, no se vean correspondidos por el reconocimiento de aquellos
asesinados como víctimas de la violencia política en la base de datos
correspondiente.
